Corrientes
Jueves 12 de Noviembre, 2026
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En 72 horas

La Justicia le pidió a Bullrich que explique los "fundamentos jurídicos" del protocolo antipiquetes

El juez Federal Sebastián Casanello actuará en la causa que solicitó la "inconstitucionalidad" de esa medida e instó a la titular del Ministerio de Seguridad a que brinde un informe sobre los efectos de su aplicación y sobre "la opinión de la Secretaría de Derechos Humanos u otros organismos internacionales".

El juez federal Sebastián Casanello se declaró este lunes competente en la causa en la que se pide la "inconstitucionalidad" del protocolo antipiquetes del Ministerio de Seguridad e instó a su titular, Patricia Bullrich, a que presente "en las próximas 72 horas" un informe que detalle los "fundamentos jurídicos" de su aplicación y "si fueron consultadas" la Secretaría de Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil u organismos internacionales.

"Líbrese oficio al Ministerio de Seguridad de la Nación, a efectos de que, dentro de las 72 horas, presente el informe circunstanciado previsto en su Art. 11, respecto del dictado de la Resolución nro. 943/2023 (protocolo antipiquete)", detalló el documento firmado por Casanello, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal 7.

En ese informe solicitado a Seguridad, el magistrado pide que se indique "pormenorizadamente el procedimiento que precedió su emisión, informando todos sus antecedentes y remitiendo su hoja de ruta y los dictámenes jurídicos previos realizados".

"A su vez, deberá informar si fueron consultados otros organismos del Estado, entre ellos el Ministerio de Justicia de la Nación -y su Secretaría de Derechos Humanos-, y si fueron consultadas -formal o informalmente- organizaciones de la sociedad civil y/u organismos internacionales", agrega la orden judicial.

Casanello pide "precisar los fundamentos jurídicos considerados para adoptar los lineamientos incluidos en el "Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación"" y si existió un examen de adecuación a las normas internacionales de derechos humanos".

Fuente: Télam