Le cortó la luz a su excuñada para echarla de la casa: la Justicia lo imputó por violencia familiar
Una mujer había recibido por fallo judicial el uso del hogar conyugal, pero no pudo habitarlo porque el hermano de su expareja le cortó la electricidad. Intervino de oficio la jueza de Familia de Goya.
Lo que parecía un trámite de divorcio rutinario en el Juzgado de Familia de Goya derivó en una urgente intervención judicial por violencia patrimonial. Vera (nombre ficticio) acudió al tribunal para resolver la tenencia de sus hijas de 12 y 6 años, los alimentos y el uso de la vivienda familiar, una casa modesta construida junto a su expareja en un terreno de la familia. El 13 de noviembre de 2024, la jueza María Gabriela Dadone, del Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N°2 de Goya, le otorgó el uso exclusivo del hogar conyugal.
Sin embargo, en una audiencia posterior por el régimen de comunicación, Vera denunció que no podía vivir allí. Su excuñado, Julián (nombre ficticio), vecino lindero y hermano de su expareja, había bajado la llave de la caja de luz —ubicada en su propia vivienda— dejando sin electricidad a Vera y sus hijas. La medida las privó de agua caliente, heladera y cualquier posibilidad de habitar el hogar con dignidad.
La magistrada consideró que no se trataba de una simple disputa familiar, sino de un acto claro de violencia familiar, ejercido mediante el control de un servicio esencial. Intervino de oficio: ordenó la reconexión inmediata del suministro eléctrico, la apertura de un expediente por violencia familiar contra Julián y notificó al Ministerio Público Fiscal para investigar si el hecho puede encuadrarse como usurpación por turbación de la posesión.
Además, se dispuso instalar un nuevo medidor independiente para Vera, con el objetivo de garantizar su autonomía. Hasta tanto se concrete, se ordenó que el servicio sea restablecido y que el hermano del denunciado cubra los costos de la instalación.
El caso deja en evidencia una forma de agresión muchas veces silenciada: la violencia patrimonial y ambiental, cuando se atacan las condiciones mínimas de vida para forzar la salida o el sometimiento de una persona. Gracias a la rápida intervención judicial, Vera y sus hijas pudieron recuperar un derecho básico: vivir con dignidad en su propia casa.