Condenan a un banco a pagar $63 millones a una víctima de ciberestafa en Corrientes
El Juzgado Civil y Comercial de Bella Vista responsabilizó al Banco Galicia por no garantizar la seguridad de su sistema y por ignorar alertas de cuentas sospechosas. Deberá pagar más de $63 millones a una empresa víctima de una estafa de Phishing.
La Justicia de Corrientes dictó un fallo histórico en materia de delitos informáticos al condenar al Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. a pagar más de $63 millones a la empresa BULCA S.R.L., tras una estafa electrónica ocurrida en diciembre de 2022.
El Juzgado Civil y Comercial de Bella Vista consideró que el banco incumplió su obligación de seguridad al no impedir una maniobra de Phishing mediante la cual se sustrajeron casi $10 millones de la cuenta de la firma, dedicada a la producción y venta de frutales.
De acuerdo con el expediente, el socio gerente de la empresa ingresó a la plataforma Galicia Office Banking, donde el sistema le solicitó reiteradamente actualizar sus datos y cargar su clave Token. Esa operatoria, presentada como habitual, permitió a los delincuentes realizar diez transferencias ilegales por un total de $9.997.933,70.
Una pericia informática reveló graves fallas de seguridad: el sistema del banco registró intentos de transferencias a cuentas mulas —identificadas en su propia "lista negra"—, pero aun así permitió que otras operaciones similares se concretaran con éxito, sin emitir ninguna alerta al cliente.
La jueza consideró que el Banco Galicia tiene responsabilidad objetiva, al tratarse de una relación de consumo regida por la Ley 24.240, y rechazó el argumento de la entidad que pretendía atribuir la culpa al usuario. Además, señaló que el servicio de Home Banking constituye una "cosa riesgosa" según el Código Civil y Comercial, lo que refuerza la obligación de seguridad de los bancos.
El fallo fijó dos conceptos principales de indemnización:
- Daño material: el monto sustraído más los intereses, que superan los $27 millones.
- Daño punitivo: $35.234.578, por la "conducta reticente y no colaborativa" del banco durante la investigación.
En total, el monto que deberá abonar la entidad asciende a $63.422.240,40, una cifra que sienta un precedente judicial en Corrientes y reafirma la obligación de las instituciones financieras de garantizar la seguridad digital de sus clientes.