El Gobierno desreguló las cuotas de los colegios privados y ahora podrán fijarse sin autorización del Estado
La medida, oficializada a través del Decreto 787/2025, deroga una normativa vigente desde hace más de tres décadas. Las instituciones privadas ya no deberán informar ni pedir autorización para modificar sus aranceles.
El Gobierno nacional dispuso la desregulación total de las cuotas, matrículas y aranceles de los colegios privados de todo el país, a través del Decreto 787/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial. La medida deroga el decreto 2417/1993, que durante más de 30 años reguló la relación entre los establecimientos educativos privados y el Estado en materia de fijación de precios y aumentos.
Con esta decisión, los colegios privados podrán establecer libremente sus cuotas sin la necesidad de autorización estatal ni de informar previamente los montos. El Gobierno argumentó que la norma derogada "presentaba limitaciones y requerimientos que dificultaban la adaptación de los institutos de enseñanza privada a las realidades educativas y económicas del país".
En los considerandos del decreto, el Ejecutivo sostuvo que la intervención estatal en la fijación de aranceles "ha generado efectos contraproducentes que afectan el funcionamiento y la viabilidad económica de los colegios", al impedirles ajustar los precios de acuerdo con las fluctuaciones del mercado o los aumentos en los costos operativos.
Asimismo, el texto afirma que el sistema de control anterior "terminaba perjudicando a las familias", ya que muchos institutos fijaban aranceles más altos al inicio del ciclo lectivo por temor a futuros incrementos de costos que el Estado no autorizara. Según el Gobierno, esa práctica reducía las posibilidades de elección de los padres y en algunos casos los obligaba a trasladar a sus hijos a otras instituciones.
El decreto también invoca el derecho de propiedad de los institutos privados, sosteniendo que deberían tener la libertad de definir sus condiciones de contratación y salarios sin aprobación estatal. Desde la visión oficial, la rigidez impuesta por la regulación "podía derivar en una pérdida de calidad educativa", ya que los colegios no podían responder a tiempo a las variaciones económicas.
Por último, la medida instruye al Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, a revisar el Decreto 2542/1991, considerado la base del sistema de financiamiento de la educación privada, y elevar una propuesta de actualización en línea con el nuevo marco de desregulación.