Según el Gobierno, casi 180 mil fallecidos figuraban como beneficiarios de discapacidad
La irregularidad fue detectada tras el cruce de datos entre la Agencia Nacional de Discapacidad y el Renaper. En Casa Rosada analizan avanzar judicialmente contra beneficiarios y prestadores involucrados.
En el marco de una auditoría interna, el Gobierno nacional aseguró haber detectado que cerca de 180 mil personas fallecidas figuraban como beneficiarias activas del Certificado Único de Discapacidad (CUD), percibiendo prestaciones del Estado de manera irregular.
El hallazgo surgió tras el cruce de información entre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el Registro Nacional de las Personas (Renaper), y se dio en el contexto de la revisión integral que se lleva adelante sobre el organismo. A partir de esta verificación, las autoridades avanzaron con la baja de los certificados observados y comenzaron a analizar posibles responsabilidades penales.
Según trascendió desde Casa Rosada, el interventor de la ANDIS, Alejandro Vilches, fue quien detectó las inconsistencias durante el proceso de auditoría y autorizó la cancelación de los beneficios vinculados a personas fallecidas. En ese marco, el Gobierno evalúa judicializar tanto a quienes habrían hecho uso indebido de los beneficios como a los prestadores involucrados en el circuito de cobros.
Desde el Ejecutivo calificaron la situación como "una estafa al Estado" y adelantaron que se continuará con el cotejo de datos entre los beneficiarios registrados y los prestadores de servicios, con el objetivo de determinar el alcance de las irregularidades.
El Certificado Único de Discapacidad es un documento gratuito que acredita legalmente una discapacidad y habilita el acceso a distintas prestaciones estatales. Su otorgamiento está a cargo de una Junta Interdisciplinaria que evalúa cada caso en particular.
La auditoría sobre la ANDIS fue impulsada el pasado 28 de agosto e incluyó, además, la revisión de contratos y procedimientos internos. Los resultados finales del relevamiento aún no fueron cerrados y podrían darse a conocer hacia el final del primer trimestre de 2026.
El tema se da en un contexto de fuerte debate político por la Ley de Emergencia en Discapacidad, cuya derogación fue impulsada por el Poder Ejecutivo pero resistida en el Congreso. Actualmente, el Gobierno analiza avanzar con modificaciones parciales a la norma, sin insistir con su eliminación total.