Lamentable: 200 vacas se mueren de hambre esperando un oficio judicial que no llega

La crisis por el abigeato en La Cruz sumó en las últimas horas un capítulo de fuerte tensión institucional. En diálogo con Radio LT7, Carlos Roldán, presidente de la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes, lanzó durísimas críticas contra la Justicia por la falta de definición sobre el destino de casi 200 animales secuestrados en un operativo contra una banda dedicada al robo de ganado. "La Justicia me tiene podrido con este tema, hace 2 meses que venimos con esto", disparó el dirigente rural.

 Roldán apuntó directamente a las demoras judiciales y reveló que "el martes tomaron la determinación el juez Insaurralde y el fiscal Facundo Sotelo decidieron el traslado de los animales secuestrados a un predio del INTA, pero el oficio no llega". Según explicó, la falta de precisión en la orden impide concretar el movimiento de la hacienda, mientras los días pasan y el estado sanitario empeora.

El presidente de la entidad rural describió el desgaste que implica sostener la situación: "Son animales vivos que no sabemos qué más darle de comer. Me criaron para hacer lo que tengo que hacer, me levanto más temprano, pero uno no sabe qué más hacer". En ese marco, cuestionó que "se tiran la pelota entre ellos, es culpa de fulano, es culpa de mengano", mientras la responsabilidad económica y operativa recae sobre la Sociedad Rural de La Cruz.

Roldán también puso cifras al drama productivo. "Seguimos haciéndonos cargo de los costos, cuidando a los animales, pateando una semana los plazos como si nada, son 200 animales vivos. Un millón y medio de pesos por animal de base", advirtió. El valor estimado del rodeo representa un patrimonio millonario que hoy se deteriora a la intemperie, con más de una decena de cabezas ya muertas por falta de alimento.

El conflicto se originó en enero, tras la intercepción de un camión jaula con documentación irregular en la localidad de La Cruz. A partir de ese procedimiento se realizaron allanamientos que permitieron secuestrar alrededor de 250 animales y desarticular una organización dedicada al robo, faena y comercialización ilegal de hacienda en el sur provincial. La causa dejó detenidos con prisión preventiva y puso en evidencia la magnitud del abigeato en la región.

De ese total, unas 65 cabezas fueron restituidas a sus propietarios, pero cerca de 180 continúan alojadas en apenas cinco hectáreas del predio de la Sociedad Rural local. Muchas presentan marcas ilegibles, superpuestas o directamente carecen de identificación —los llamados "orejanos"—, lo que dificulta establecer su propiedad. El sistema de marcas no digitalizado ralentiza aún más el proceso judicial.

Desde la Asociación se gestionó el traslado a un campo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en Santo Tomé, incluso con aval técnico. Sin embargo, la orden judicial no especificó el destino concreto, dejando el procedimiento en un limbo administrativo. Mientras tanto, los costos de flete y alimentación —que ya superaron varios millones de pesos— son afrontados por la institución rural, que además ve resentida su actividad habitual de remates por restricciones sanitarias.

Lo que comenzó como un golpe ejemplificador contra el delito rural hoy expone fisuras en la coordinación judicial y administrativa. En una zona históricamente golpeada por el abigeato —con decenas de productores afectados en departamentos del sur correntino y la franja del río Uruguay— el caso amenaza con convertirse en un símbolo de inacción. Entre la burocracia y la falta de decisiones, los animales siguen muriendo y el reclamo del campo se vuelve cada vez más urgente .