Corrientes: ordenan un embargo millonario a un hombre condenado por violencia de género y abuso sexual
Un juez de Santa Lucía dispuso un embargo preventivo por más de 33 millones de pesos sobre los bienes de un hombre condenado por violencia de género y abuso sexual. La medida busca garantizar la reparación económica solicitada por la víctima.
En un fallo con perspectiva de género, el Juzgado Civil y Comercial, Laboral, Familia, Niñez, Adolescencia y Paz de Santa Lucía ordenó el embargo preventivo sobre los bienes de un hombre condenado por violencia de género y abuso sexual, en el marco de una demanda civil por daños y perjuicios. La medida alcanza la suma de $33.287.169,66, más un 20% adicional en concepto de intereses y costas.
La decisión fue tomada por el juez Daniel Alejandro Azcona, quien evaluó la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, señalando que la existencia de una condena penal ya establecía la base para la procedencia de la medida cautelar. La víctima, que previamente había obtenido una sentencia condenatoria en el fuero penal, promovió una acción civil para reclamar una compensación económica por el daño moral sufrido.
Ante el riesgo de que el demandado dispusiera de sus bienes y se dificultara la ejecución de una futura sentencia, la parte actora solicitó la inmovilización de varios inmuebles de su propiedad ubicados en los departamentos de Lavalle y en la ciudad de Corrientes. El juez consideró que la medida era necesaria para proteger los derechos de la víctima y garantizar el eventual cumplimiento de la sentencia definitiva.
Azcona subrayó la importancia de aplicar la perspectiva de género en este tipo de casos, resaltando que la víctima ya había solicitado medidas de protección anteriormente. Además, recordó que la Convención Americana de Derechos Humanos y la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres respaldan la necesidad de garantizar la reparación integral a víctimas de violencia de género.
Finalmente, el juez dispuso la inscripción del embargo en el Registro de la Propiedad Inmueble y estableció que la demandante preste caución juratoria como contracautela. La medida sienta un precedente en la provincia al reforzar la protección patrimonial de las víctimas de violencia de género y abuso sexual.