Así lo resolvió el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2), que condenó a la expresidenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Un juez de Santa Lucía dispuso un embargo preventivo por más de 33 millones de pesos sobre los bienes de un hombre condenado por violencia de género y abuso sexual. La medida busca garantizar la reparación económica solicitada por la víctima.